REFLEXIONEMOS

El trabajo no es sólo una fuente de ingresos sino también una forma de desarrollo personal. La situación de desempleo es un problema de dimensiones económicas, sociales, culturales y sociológicas. El propio término desempleo genera un estigma social y puede suponer la exclusión de la persona desempleada de la sociedad. En concreto, la sociedad española, ha tenido que asumir en los últimos años esa rotación o ciclo de empleo-desempleo-empleo, lo que ha generado, además de una fuerte dependencia de las pensiones, subsidios y ayudas sociales, sobre todo de prestaciones por desempleo, una decepción generalizada con la política y también con el Derecho. Es llamativo, por ejemplo, el descenso de las huelgas en las tres últimas décadas, forma tradicional de reivindicar las condiciones laborales de los trabajadores y dotada de nuestra máxima protección constitucional al ser considerada un derecho fundamental. Pero no es suficiente con tener un trabajo sino que ese trabajo ha de ser un trabajo digno, un trabajo de calidad. La precariedad laboral es, de esta forma, lo opuesto al concepto de trabajo digno, precariedad es inestabilidad e inseguridad en el empleo y enlaza con la capacidad del empleador de alterar el volumen o cantidad de mano de obra en función de las necesidades empresariales e incluye también a las actividades laborales informales e irregulares.

Las reformas laborales que se han llevado a cabo en España en los últimos años al objeto de crear empleo y reducir la dualidad del mercado de trabajo y la temporalidad contractual en el marco de la estrategia de austeridad impulsada desde la Unión Europea han supuesto, de facto, un aumento de la precariedad laboral de los trabajadores. Estas reformas, suponen una vuelta de tuerca en la lógica de la precarización laboral impulsada por la mayoría de las reformas del mercado de trabajo adoptadas desde 1984. Un camino que, además, presenta una significativa incongruencia entre sus objetivos y contenidos, en la medida en que la “apelación al empleo estable, omnipresente en todas las reformas laborales se ha convertido, por extraño que resulte, en un elemento depredador de las garantías laborales”8 . Actualmente en España son numerosas las previsiones normativas que afectan a la calidad del empleo: el contrato de trabajo de apoyo a los emprendedores, la mayor flexibilidad del contrato de aprendizaje y formación, la modificación de la regulación del contrato a tiempo parcial, la modificación de la regulación de las empresas de trabajo temporal, la mayor flexibilidad en el régimen de despidos, el aumento del poder empresarial para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y la reforma del sistema de negociación colectiva, entre otras. Todas estas modificaciones avivan la desigualdad social relacionada con un mercado de trabajo cada vez más segmentado y en donde los grupos sociales más vulnerables quedan atrapados en una terrible alternancia entre trabajos poco cualificados y mal pagados, y el desempleo.